RESUMEN EJECUTIVO N.° 1 Carta N.° 000060-2026-INDECI/GG Instituto Nacional de Defensa Civil

 RESUMEN EJECUTIVO N.° 1 Carta N.° 000060-2026-INDECI/GG Instituto Nacional de Defensa Civil — 22 de abril de 2026

El Estado peruano tiene registros oficiales de contaminación del agua. Y los entregó.

El 22 de abril de 2026, el Gerente General del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), José Abraham Manuel Sotero Laynes, respondió una solicitud de acceso a la información pública presentada por la investigadora Yolanda Victoria Rojas Espinoza, titular del proyecto QNM. La respuesta fue concreta: ocho archivos —tres en Excel y cinco en PDF— con información sobre contaminación hídrica y ambiental registrada en el SINPAD, el sistema nacional donde el Estado documenta sus emergencias, desde el año 2000 hasta hoy.

¿Qué significa esto? Que el propio sistema de Defensa Civil del Perú tiene en sus bases de datos eventos de contaminación del agua en el país. No son denuncias ciudadanas. No son opiniones. Son registros operativos del Estado, elaborados cuando la contaminación ya era tan grave que requirió respuesta de emergencia.

Esta información forma parte de la investigación QNM sobre el uso del agua, la contaminación hídrica y sus impactos sobre las comunidades peruanas. Cada documento obtenido es una pieza más del mismo rompecabezas: el agua en el Perú está siendo afectada, el Estado lo sabe, y los ciudadanos tienen derecho a saberlo también.

Fuente primaria: Carta N.° 000060-2026-INDECI/GG, firmada digitalmente por José Abraham Manuel Sotero Laynes, Gerente General del INDECI, 22 de abril de 2026. Verificable en: https://iosgd.indeci.gob.pe/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf — Clave: VXWLSAY

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RESUMEN EJECUTIVO N.° 2 Reporte Complementario N.° 1576 — COEN/INDECI Contaminación Hídrica en el Departamento de Moquegua — actualizado al 6 de febrero de 2026

El río se puso naranja. El Estado declaró emergencia. Y las familias todavía esperan agua limpia.

El 12 de junio de 2025, los pobladores del distrito de Matalaque, en Moquegua, vieron cambiar el color del río Tambo: amarillo, naranja, rojo. Semanas después, el 29 de agosto, la contaminación se extendió a los ríos Coralaque y Tambo, afectando a diez distritos en dos provincias. Lo que siguió quedó documentado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI en un reporte de 34 páginas.

Los números son contundentes. Al 29 de enero de 2026, el propio Estado registró 2,276 personas afectadas en su salud, 186 familias con sus medios de vida destruidos, 105 hectáreas de cultivos dañadas y 3,427 animales afectados. En total, 16,869 personas estuvieron expuestas a través de sus fuentes de agua, agricultura y ganadería en los distritos afectados.

La Dirección Regional de Salud de Moquegua confirmó mediante su Informe N.° 732-2025 que las muestras de agua potable mostraron presencia de metales pesados que superaban los límites permisibles en más del 100%. La Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través de dos informes técnicos propios, confirmó la presencia de metales y contaminantes en los ríos de la cuenca Tambo. Los parámetros que superaron los estándares nacionales de calidad ambiental incluyen arsénico en el 21.12% de los centros poblados monitoreados, hierro en el 8.57%, boro en el 2.8%, cadmio en el 1.4% y mercurio en el 1.14%.

La respuesta del Estado fue declarar emergencia. Tres veces. El Decreto Supremo N.° 110-2025-PCM del 28 de agosto de 2025 declaró el estado de emergencia inicial por 60 días. El D.S. N.° 125-2025-PCM lo prorrogó desde el 27 de octubre. El D.S. N.° 144-2025-PCM lo volvió a prorrogar desde el 27 de diciembre hasta el 24 de febrero de 2026. Tres decretos presidenciales para el mismo problema. El problema no se resolvió.

Mientras tanto, las familias recibieron chocolates, café instantáneo, pasta dental y jabón. El distrito de Torata buscaba microcuencas que no estuvieran contaminadas para encontrar agua nueva. El distrito de La Capilla tenía como única fuente de agua disponible el río La Capilla —el mismo río contaminado—, porque la búsqueda de fuentes alternativas dio resultado negativo. En Matalaque, el daño más severo: 324 personas afectadas en su salud, 87 familias sin medios de vida, 87 hectáreas de cultivos destruidas y 2,606 animales muertos o afectados.

Ciento veintitrés locales educativos, 4,531 estudiantes y 811 docentes fueron identificados en zona de peligro inminente.

Esto no ocurrió en un lugar remoto e invisible. Ocurrió bajo la mirada del Estado, documentado página por página, firmado digitalmente, distribuido a los tres niveles de gobierno. Lo que falta es que los ciudadanos lo lean.

Fuente primaria: Reporte Complementario N.° 1576 — 6/2/2026/COEN-INDECI/13:15 horas (Reporte N.° 12), Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, INDECI. Elaborado por Williams Perea Moreno; actualizado por Richard Eduardo Rimarachín Rivera; aprobado por Dorcas Cárdenas Cárdenas. Incluye Informes Técnicos ANA N.° 0003-2025-ANA-AAA.CO-ALA.TAT/JVSC y N.° 0055-2025-ANA-AAA.CO-ALA.TAT, y Decretos Supremos N.° 110, 125 y 144-2025-PCM