El río que tiene derechos también tiene dueños
Hace unos días les conté que un tribunal peruano declaró al río Marañón como sujeto de derechos. Que tiene derecho a fluir libre de contaminación, a su biodiversidad, a ser restaurado.
Hoy les muestro lo que el mismo Estado hizo con ese río antes de que el tribunal hablara — y lo que sigue haciendo después.
Porque mientras los jueces de Loreto nombraban guardianes del Marañón, la Autoridad Nacional del Agua seguía firmando licencias sobre sus aguas.
El número más grande que encontré en toda la base de datos oficial del Estado peruano corresponde a la Compañía Minera Antamina S.A., que opera en la cuenca del Marañón, provincia de San Marcos, Áncash. Tiene una licencia firmada en 2015 por 33,291,220 metros cúbicos de agua al año. Más una segunda licencia de 7,571,212 metros cúbicos. Total: más de 40 millones de metros cúbicos anuales sobre afluentes directos del Marañón.
Para comparar: la ciudad de Cajamarca consume aproximadamente 7.2 millones de metros cúbicos al año. Antamina tiene permiso para usar casi seis veces ese volumen. Cada año.
Y eso es solo una empresa. Porque en la cuenca del Marañón hay además Yanacocha con más de 30 millones de metros cúbicos, Gold Fields La Cima con más de 2 millones, Compañía Minera Poderosa con más de 5 millones, Consorcio Minero Horizonte con más de 2.5 millones, y decenas de empresas más.
El total cuantificado de derechos hídricos mineros sobre la cuenca del Marañón —el río que un tribunal peruano acaba de declarar que tiene derecho a existir— supera los 90 millones de metros cúbicos anuales.
Y lo más grave no es solo el volumen. Es lo que está pasando ahora mismo, en 2025:
En octubre de 2025, la ANA otorgó nuevas autorizaciones a Nexa Resources sobre 17 fuentes de agua simultáneas en las cabeceras altoandinas del Marañón, en Áncash. En septiembre de 2025, una empresa llamada Darwin Perú S.A.C. recibió licencia sobre quebradas en Lauricocha — que es literalmente donde nace el río Marañón. Y Minera La Granja, el proyecto de cobre más grande en cartera del Perú, acaba de activar dos autorizaciones en 2024 y 2025 sobre el Chotano Llaucano, ya bajo presión de Yanacocha y Gold Fields.
La pregunta que nadie en el Estado peruano parece estar haciéndose es esta: si el río Marañón tiene derecho a fluir y a su ecosistema, ¿quién calcula cuánta agua queda después de todas estas licencias? ¿Quién verifica que quede agua suficiente para las comunidades que viven en sus riberas? ¿Quién evalúa el efecto acumulado de 90 millones de metros cúbicos de derechos otorgados sobre un río que ya sufre contaminación, derrames de petróleo y estrés hídrico?
La respuesta que el RADA nos da en silencio es: nadie.
El río tiene guardianes nombrados por un tribunal. Pero sus aguas ya tienen dueños registrados en la base de datos de la ANA.
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