Informe Técnico N.° 080-005-2025-JJGV

 Línea nueva: Subcorpus ALA Chillón-Rímac-Lurín / Río Santa Eulalia — Mortandad de truchas y principio de causalidad como barrera sancionadora

I. IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Informe Técnico N.° 080-005-2025-JJGV, CUT 111185-2025, suscrito por Jorge Jesús Gonzales Vásquez, locador de servicio de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, el 10 de junio de 2025, dirigido a Juan Eduardo Muñoz Alva, Administrador Local de Agua. Documenta la supervisión especial realizada en atención a la denuncia ambiental con código de trámite 02229-2025-SINADA, remitida por el OEFA mediante Oficio N.° 04539-2025-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA del 27 de mayo de 2025, por presunta afectación ambiental al río Santa Eulalia atribuida a un agente químico externo y a actividades de la empresa hidroeléctrica ORYGEN y de minería informal o ilegal en la zona de Pongo, Quilcamachay Vicas, distrito de Huachupampa, provincia de Huarochirí, departamento de Lima (Informe Técnico ANA N.° 080-005-2025-JJGV, pág. 1).

Nota de apertura de línea: esta es la primera entrada del corpus QNM correspondiente a la cuenca del río Rímac-Santa Eulalia y a la jurisdicción de la ALA Chillón Rímac Lurín. Se incorpora como línea nueva, distinta de los ejes ya consolidados (Yanacocha, Punrún, AAA Mantaro, Llaucano, DARH-ANA).

II. CONTENIDO Y HALLAZGOS CENTRALES

La denuncia original, de carácter anónimo y canalizada a través de la ficha SINADA del OEFA, reportó que la piscigranja Santa Marta, en la zona de Pongo, Quilcamachay Vicas, sufrió la mortandad de aproximadamente 200,000 truchas y 50,000 crías, atribuida a contaminación externa, con la precisión adicional de que el ecosistema acuático del río ya no presentaba rastros de peces ni de ninguna otra forma de vida acuática (Informe Técnico ANA N.° 080-005-2025-JJGV, pág. 1). La denuncia se sustentó en un video difundido en la cuenta de Facebook "LISETH INFORMA" como medio probatorio, sin que se indicaran coordenadas exactas del punto de afectación ni se identificara al presunto responsable (Informe Técnico ANA N.° 080-005-2025-JJGV, pág. 2).

La verificación de campo del 27 de mayo de 2025 se concentró en la represa Sheque, operada por la empresa hidroeléctrica ORYGEN en el distrito de Huanza, donde personal de la ANA constató que el 13 de mayo de 2025 se había realizado una purga de material colmatado (Informe Técnico ANA N.° 080-005-2025-JJGV, pág. 3). Se establecieron tres puntos de muestreo de campo —EMSeul1, en la intersección del río con la descarga de la purga; EMQrsn1, en la margen derecha del río; y EMSeul2, en la zona de mezcla con una quebrada sin nombre— y se visitó un criadero de truchas denominado JAKU, aguas abajo, cuyo encargado manifestó no haber sufrido afectación, siempre que la empresa ORYGEN avisa previamente sus labores de mantenimiento (Informe Técnico ANA N.° 080-005-2025-JJGV, pág. 3).

Es necesario señalar una discrepancia relevante entre el sitio denunciado y el sitio supervisado: la denuncia original se refiere a la piscigranja Santa Marta en la zona de Pongo, Quilcamachay Vicas, distrito de Huachupampa; la supervisión de campo documentada en este informe verificó la represa Sheque (distrito de Huanza) y el criadero JAKU, sin que el informe acredite haber visitado o contactado directamente a la piscigranja Santa Marta ni haber verificado en el sitio específico de la denuncia la mortandad reportada de 200,000 truchas. El informe no explica esta diferencia de ubicación ni indica si Santa Marta y JAKU son el mismo establecimiento con nombre distinto o establecimientos diferentes.

Los parámetros de campo medidos en los tres puntos (conductividad, oxígeno disuelto, pH, sólidos disueltos totales, temperatura) se mantuvieron dentro de los Estándares de Calidad Ambiental para la Categoría 1-A2 (Informe Técnico ANA N.° 080-005-2025-JJGV, pág. 5), y la inspección organoléptica no identificó vertimiento ni agente externo visible. Se tomaron muestras para análisis de laboratorio de aceites y grasas, sólidos en suspensión, coliformes termotolerantes, demanda bioquímica y química de oxígeno y metales totales, cuyos resultados estaban pendientes al cierre del informe (Informe Técnico ANA N.° 080-005-2025-JJGV, pág. 6). Se constató asimismo la presencia simultánea de personal de OEFA realizando su propia supervisión y toma de muestras en el mismo tramo del río (Informe Técnico ANA N.° 080-005-2025-JJGV, pág. 5).

El hallazgo central, y el más relevante para la doctrina del corpus QNM, es el fundamento jurídico expreso de la conclusión. El informe invoca el principio de causalidad del numeral 8 del artículo 230.° del TUO de la Ley N.° 27444 y cita a Morón Urbina para establecer que la responsabilidad solo puede recaer en quien efectivamente cometió la conducta infractora, concluyendo: "identificar responsables no ha sido posible en la acción de supervisión de fecha 27.05.25, al no poder establecer nexo causal no se puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador" (Informe Técnico ANA N.° 080-005-2025-JJGV, pág. 6).

III. ARTICULACIÓN CON LAS BRECHAS PREEXISTENTES

Este documento aporta evidencia de primer orden a la Brecha 5 (vacío regulatorio con detonante externo como condición sistémica), y la matiza en un punto importante: a diferencia del patrón documentado en Punrún —años de informes propios sin acción hasta la intervención de OEFA—, aquí el sistema sí respondió con razonable celeridad: la denuncia se presentó el 27 de mayo y la supervisión de campo se realizó ese mismo día. El cuello de botella no está en la activación de la respuesta, sino en un obstáculo jurídico distinto y más profundo: el principio de causalidad exige identificar a un responsable individualizado antes de poder sancionar, y cuando la denuncia es anónima, sin coordenadas precisas y sin identificación del presunto infractor, ese requisito se vuelve, en la práctica, insuperable. Este hallazgo añade una capa doctrinal nueva al corpus: incluso con voluntad institucional de actuar, el diseño legal del procedimiento sancionador opera como filtro estructural que protege al infractor no identificado, no solo al infractor poderoso.

Este documento también confirma, con un caso concreto y de magnitud relevante (200,000 truchas reportadas), el hallazgo ya documentado en el Informe N.° 0023-2026-ANA-AAA.JZ/KFDB (procesado en esta misma sesión), donde la ANA precisó que no es su competencia evaluar la causalidad de la mortandad de fauna acuática en cuerpos naturales de agua. Aquí se observa el mecanismo en operación práctica: el vacío de competencia sobre causalidad no solo impide atribuir la muerte de los peces a una fuente, sino que, combinado con el principio de causalidad del derecho administrativo sancionador, impide también sancionar cualquier vertimiento que pudiera haberla originado, mientras no se identifique a la persona responsable.

IV. HALLAZGOS QUE MATIZAN EL CORPUS PREVIO

El hallazgo "el detonante externo como condición de activación" (Resumen Consolidado, Sesión de Análisis, sección III) documentaba que la ANA actúa cuando otra institución interviene, no por su propio monitoreo. Este caso matiza ese patrón: aquí el detonante —una denuncia OEFA, a su vez originada en una denuncia anónima de redes sociales— sí activó una respuesta de campo rápida y documentada. El patrón de inacción del corpus QNM no es, por tanto, una regla absoluta de pasividad institucional ante todo detonante externo; conviven en el corpus casos de activación rápida (este caso, plazo de cero días) y casos de inacción prolongada (Punrún, una década). Se sugiere que la variable distintiva podría ser el canal institucional del detonante —OEFA frente a Congreso, por ejemplo— y se recomienda mantener esta hipótesis como pregunta abierta para próximas sesiones.