RESUMEN EJECUTIVO: Ley N.° 32065 — Ley que Establece Medidas para Asegurar el Acceso Universal al Agua Potable
Objeto y ámbito (arts. 1°-2°)
Establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable, priorizando población en condición de pobreza o vulnerabilidad, en ámbitos urbano y rural, con aplicación excepcional a instituciones educativas, establecimientos de salud y viviendas de interés social (Congreso de la República del Perú, 2024). Vincula a nueve entidades: MVCS, OTASS, gobiernos regionales y locales, MINSA/Digesa/Diresa/GRS/DISA, EPS, ANA y Sunass.
Disposiciones sustantivas
Intervenciones (art. 3°): infraestructura, equipamiento e insumos de carácter temporal, financiados mediante el Fondo de Inversión Agua Segura (FIAS), ejecutados vía convenio con EPS o gobierno local, prioritariamente en bienes de dominio estatal.
Calidad del agua (art. 4°): remite a la normativa de la autoridad nacional de salud para consumo humano; la fiscalización y potestad sancionadora recae en la autoridad de salud competente (no en ANA ni OEFA).
Ámbito urbano (arts. 6°-7°): dotación mínima en litros/persona/día (lpd) definida por reglamento; retribución equivalente a tarifa Sunass, con posibilidad de asunción parcial/total por el beneficiario.
Ámbito rural (arts. 8°-9°): responsabilidad de gobiernos locales; retribución determinada por el gobierno local conforme a lineamientos Sunass.
Disposiciones complementarias relevantes
- Primera (Reglamentación): plazo de 120 días calendario para reglamento MVCS — define población objetivo, temporalidad y seguimiento.
- Cuarta (Implementación progresiva): sujeta a disponibilidad presupuestaria, sin cronograma vinculante.
- Quinta (Conservación de recursos hídricos): encarga a la ANA "velar por la proyección [sic, protección] y conservación de sus fuentes naturales de agua" y promover remediación de afectación de calidad hídrica, en coordinación con MVCS — mandato genérico sin indicadores, plazos ni presupuesto asignado.
- Sexta (Camiones cisterna): autoriza distribución gratuita de agua por EPS hasta el año fiscal 2026 —vigencia ya alcanzada a la fecha (agosto 2026), lo que amerita verificación de prórroga o vencimiento de esta facultad.
- Modificatoria del D. Leg. 1284 (FIAS): renombra el fondo como "Fondo de Inversión para el Acceso al Agua Potable y a los Servicios de Saneamiento"; incorpora recargos tarifarios de hasta 4% (clase no residencial) y 3% (clase residencial) como fuente de financiamiento; crea obligación de informe anual del MVCS a la Contraloría y a la Comisión de Vivienda del Congreso (nuevo art. 11° del D. Leg. 1284).
Lista de contaminantes
No aplica. Norma de acceso y cobertura de agua potable; no reporta mediciones de parámetros de calidad ni valores comparables a LMP/ECA. El artículo 4° remite la regulación de calidad a la autoridad de salud, sin incorporar parámetros propios en el texto legal.
Brechas de gestión
- Disociación institucional entre acceso y calidad/conservación: la ley asigna fiscalización de calidad a la autoridad de salud (no a OEFA/ANA) y conservación de fuentes a la ANA (Quinta Disposición), sin mecanismo de coordinación vinculante entre ambas competencias — replicando el patrón de fragmentación institucional ya documentado en el corpus de investigación (ausencia de articulación ANA-OEFA-MINSA).
- Mandato de conservación de fuentes sin contenido operativo: la Quinta Disposición Complementaria Final encarga a la ANA "adoptar las acciones necesarias" para remediar afectación de calidad hídrica, sin definir indicadores, plazos, presupuesto ni articulación con el régimen de autorizaciones de vertimiento — es una disposición programática sin exigibilidad práctica, en línea con la debilidad estructural identificada en el artículo 7°-A constitucional (Ley N.° 30588).
- Financiamiento vía recargo tarifario a usuarios no beneficiarios: el mecanismo de recargo tarifario (3%-4%) traslada el costo del acceso universal a los propios usuarios del sistema de saneamiento formal, en lugar de fondearse con recursos ordinarios del Tesoro Público u obligaciones específicas del sector extractivo/industrial de alto consumo hídrico.
- "Progresividad" nuevamente sujeta a disponibilidad presupuestaria sin cronograma: la Cuarta Disposición reitera la fórmula de progresividad condicionada del artículo 7°-A constitucional, sin fecha de cumplimiento ni sanción por incumplimiento del Estado.
- Vigencia próxima a vencer sin verificación de continuidad (Sexta Disposición): la autorización de distribución gratuita por camiones cisterna vence el año fiscal 2026; no hay evidencia en este documento de prórroga, lo cual debe verificarse directamente ante el MVCS para determinar si la población en pobreza/vulnerabilidad urbana pierde este mecanismo de acceso temporal en el presente ejercicio fiscal.
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