Resumen Ejecutivo: Auto del Tribunal Constitucional — Exp. N.° 03383-2021-PA/TC (Ejecución, Río Nanay/Loreto)
Documento: Auto complementario del Pleno del Tribunal Constitucional del Perú, Exp. N.° 03383-2021-PA/TC, caso Willian Navarro Sajami y otros (Tribunal Constitucional del Perú [TC], 2024, 27 de junio), con fundamento de voto de la magistrada Pacheco Zerga.
Materia: Ejecución del extremo de la Sentencia 03383-2021-AA/TC que declaró un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por contaminación del río Nanay (afluente del Amazonas) derivada de vertimientos de aguas residuales sin tratar en los asentamientos humanos "Iván Vásquez Valera" y "21 de Setiembre" (Punchana, Loreto).
Hallazgos centrales
La evidencia indica que el Tribunal constató el incumplimiento sustantivo de las entidades notificadas: ninguna de las instituciones requeridas (Ministerio de Vivienda, PCM, Minam, OEFA, ANA) "ha reconocido tener competencias que hayan incidido en la situación declarada como estado de cosas inconstitucional", y algunas incluso negaron la existencia de dicho estado de cosas (TC, 2024, fundamento 9.b). Los datos son consistentes con un patrón de elusión de responsabilidad institucional mediante remisión mutua de competencias: tanto el Ministerio de Vivienda como la PCM concluyeron que la responsabilidad recae "exclusiva o principalmente" en el Gobierno Regional de Loreto y los gobiernos locales (TC, 2024).
Se configura un patrón de brecha presupuestal-ejecutora persistente: el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 reconoce que la ejecución del gasto en saneamiento en Loreto (2017-2019) fue de 51.8% a nivel de gobierno nacional (frente al promedio nacional de 68.8%), y de 45.7% a nivel de gobiernos locales (frente al promedio de 58.5%) (TC, 2024, fundamento 21, citando Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026). La evidencia indica que, incluso en el escenario más optimista de cumplimiento pleno de dicho plan, Loreto seguiría siendo la región con peor cobertura de agua potable y una de las últimas en alcantarillado del país (TC, 2024, fundamento 23).
La Autoridad Nacional del Agua confirmó la identificación de dos vertimientos de aguas residuales municipales como fuentes contaminantes de la cuenca del río Nanay, atribuibles a EPS SEDALORETO S.A., inscritos en el Registro Único para el Proceso de Adecuación Progresiva (RUPAP) con vencimiento al 16.10.2024, respecto de los cuales la ANA indicó carecer de potestad sancionadora mientras la inscripción esté vigente (TC, 2024, fundamento 9.b, "Autoridad Nacional del Agua"). El OEFA reportó recomendación de inicio de procedimiento administrativo sancionador contra la Municipalidad Distrital de Punchana por incumplimientos relacionados con el control de efluentes del camal municipal (Informe Final de Supervisión 020-2023-OEFA/DSAP-CAGR).
Lista de contaminantes
| Parámetro | Valor hallado | Límite permitido (LMP o ECA) |
|---|---|---|
| Aguas residuales domésticas/municipales vertidas sin tratamiento al río Nanay | 2 vertimientos identificados (Informe Técnico 039-2020-ANA-ALAIQUITOS/EJDG); Ficha RUPAP N.° 133 con 141 vertimientos registrados a nivel de EPS SEDALORETO | No se reportan valores fisicoquímicos específicos (DBO, DQO, coliformes) en el documento; el vertimiento se mantiene bajo proceso de adecuación progresiva, no bajo LMP exigible de inmediato |
| Residuos sólidos sin recolección/gestión (Punchana) | Declarados en emergencia (R.M. 185-2022-MINAM, 60 días) | Sin cuantificación en toneladas dentro del documento |
| Efluentes de camal municipal de Punchana | Incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables (control y mitigación de aguas residuales) | Sin valores LMP citados; en proceso administrativo sancionador |
Brechas de gestión
La evidencia indica una falla estructural de coordinación intergubernamental explícitamente calificada por el propio Tribunal como "inaudito": las entidades con rol rector o supervisor evaden responsabilidad remitiéndola a los gobiernos regional y locales, pese a que estos "han heredado las situaciones y las brechas" (TC, 2024, fundamentos 5, 12-13). Los datos son consistentes con un patrón de fragmentación competencial sin mecanismo de reversión: la PCM llegó a calificar como "no viable" la propuesta de la propia Defensoría del Pueblo de crear un grupo de trabajo multisectorial para resolver el ECI (TC, 2024, "Presidencia del Consejo de Ministros"). Se configura además un patrón de intervención regulatoria insuficiente frente al riesgo: la ANA se declaró sin potestad sancionadora sobre los vertimientos identificados mientras dure la vigencia del registro RUPAP (hasta octubre 2024), lo que en la práctica prolonga la contaminación activa del río Nanay sin consecuencia administrativa inmediata. Como remedio estructural, el Tribunal ordenó la creación de una Comisión Especial de Implementación (CEI) liderada por la Defensoría del Pueblo, con reporte trimestral obligatorio al juzgado de ejecución — mecanismo de "constitucionalismo dialógico" inspirado en jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana (Sentencia T-058/21), aunque la magistrada Pacheco Zerga precisó en su voto que dicha comisión constituye una recomendación, no un mandato vinculante, por no ser competencia del TC crear nuevos entes estatales.
Nota metodológica: este auto es de ejecución/seguimiento de la Sentencia 03383-2021-AA/TC (no adjunta en este envío); no contiene mediciones directas de calidad de agua del río Nanay, por lo que la sección de contaminantes se limita a lo explícitamente referido en el propio auto. Sería recomendable, para tu corpus de vigilancia sobre contaminación hídrica amazónica, incorporar posteriormente la sentencia de fondo (03383-2021-AA/TC) si la tienes disponible, dado que contiene el diagnóstico técnico completo (fundamentos 126-141) sobre calidad del agua y brechas de saneamiento en Loreto.
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