Resumen Ejecutivo: Corte IDH, Caso Habitantes de La Oroya Vs. Perú
Documento: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Habitantes de La Oroya Vs. Perú, Sentencia de 27 de noviembre de 2023 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 2023).
Caso: 80 víctimas identificadas, habitantes de La Oroya (Junín), afectadas por la contaminación derivada del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), operado sucesivamente por Cerro de Pasco Corporation (1922), Centromin (empresa estatal, 1974-1997) y Doe Run Perú S.R.L. (1997-2009/2012, con paralizaciones y reinicios posteriores).
Hallazgos centrales
La evidencia indica una contaminación multidecádica y multimedio (aire, suelo, agua) por plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre (SO₂), documentada desde 1970 y confirmada por al menos ocho estudios oficiales entre 1986 y 2017 (ONERN 1986; DIGESA 1999; gobierno local Yauli 2003; MINSA 2005; Congreso 2007; MINAM/OEFA 2011 y 2017) (Corte IDH, 2023, párr. 158). Los datos son consistentes con un patrón de exposición poblacional masiva: en 1999 el 99.9% de una muestra de 788 niños menores de 6 años presentaba plomo en sangre por encima del límite OMS, y el promedio en niños evaluados fue de 33.6 μg/dL frente al límite de 10 μg/dL (DIGESA, 1999, cit. en Corte IDH, 2023, párr. 835).
Se configura un patrón de retroceso normativo deliberado: la Corte declaró que el Decreto Supremo N.° 003-2017-MINAM, que fijó el límite de SO₂ en 250 μg/m³/24h (más de 12 veces el valor de 20 μg/m³ vigente desde 2014), constituyó una medida regresiva violatoria de la obligación de desarrollo progresivo del derecho al ambiente sano (Corte IDH, 2023, párrs. 181-186). El Estado fue declarado responsable, por cinco votos contra dos, de la violación del derecho al ambiente sano y a la salud (artículo 26 CADH), y por unanimidad de la violación a la vida (artículo 4.1, respecto de dos víctimas fallecidas), integridad personal, derechos del niño (57 víctimas), acceso a la información, participación política y protección judicial efectiva (Corte IDH, 2023, puntos resolutivos 3-10).
Lista de contaminantes
| Parámetro | Valor hallado | Límite permitido (LMP/ECA/OMS) |
|---|---|---|
| Plomo en aire (promedio anual, 2004) | 2.0–2.7 μg/m³ | 0.5 μg/m³ (OMS) — excedido 4-5 veces |
| Plomo en aire, Estación Huanchán (2000) | >6,000 μg/m³ | Estándar EPA trimestral 1.5 μg/m³ — excedido 17.5 veces (DIGESA, 1999) |
| Plomo en agua | Hasta 70 veces el límite | 0.03 mg/L (Ley de Aguas) |
| Plomo en suelo (75 muestras, 2017) | 100% de muestras superó el ECA | 70 mg/kg |
| Plomo en río Mantaro (agua) | Todas las muestras no aptas para vida acuática | 0.001 mg/L (ECA agua) |
| Cadmio en aire, Estación Huanchán (2006) | 48 veces el lineamiento OMS | Lineamiento OMS |
| Dióxido de azufre (SO₂), 24h (2017) | Superó 365 μg/m³ (2 feb 2017); pico horario 14,000 μg/m³ (2008) | ECA vigente: 365 μg/m³ (2008) → 80 μg/m³ (2009) → 20 μg/m³ (2014, según OMS 2005); relajado a 250 μg/m³ en 2017 |
| Material particulado, Est. Huanchán (2007) | Excedió 5 veces el estándar (150 μg/m³) | 150 μg/m³ (ECA PM) |
| Plomo en sangre, niños (DIGESA 1999) | Promedio 33.6 μg/dL | 10 μg/dL (OMS) |
| Plomo en sangre, mayores de 10 años (1999) | Promedio 36.5 μg/dL | 10 μg/dL (OMS) |
| Arsénico en orina (dosajes 2008-2009) | Promedios 36–104 μg/L | <50 μg/L (CDC, valor "normal") |
| Cadmio en orina (2008-2016) | Superior al nivel de referencia EE.UU. | 0.20 μg/L |
| Plomo en sangre (media víctimas, 2009→2019) | 20.6 → 7.3 → 5.3 → 5.5 μg/dL (persistente) | 3.5 μg/dL (CDC); OMS: no existe nivel seguro |
Brechas de gestión
La evidencia indica un incumplimiento estatal sistemático del deber de regulación, supervisión y fiscalización: el Estado otorgó sucesivas prórrogas a Doe Run para la construcción de la planta de ácido sulfúrico (originalmente exigida por el PAMA) pese a la evidencia técnica disponible sobre contaminación, lo que la Corte calificó como incumplimiento del deber de prevención (Corte IDH, 2023, párr. 263). Los datos son consistentes con un patrón de sistemas de alerta ineficaces: entre 2007 y junio de 2009 el ECA de SO₂ se excedió en todas las estaciones de monitoreo, y el propio expediente judicial documenta que "los estados de alerta no han operado de manera regular y tampoco han sido efectivos para comunicar la situación de riesgo" (demandas judiciales, cit. en Corte IDH, 2023, párr. 1153). Se configura además una brecha de cumplimiento de sentencia interna: la Corte determinó que el Estado no cumplió la orden del Tribunal Constitucional peruano de 2006 de implementar en 30 días un "sistema de emergencia" para atender a la población intoxicada por plomo, con prioridad para niños y gestantes (Corte IDH, 2023, párr. 283). Como remedio estructural, la Corte ordenó, entre otras 26 medidas: diagnóstico de línea base y plan de acción ambiental, compatibilización normativa de los ECA de aire con estándares OMS, sistema de alerta efectivo, atención médica gratuita especializada, sistema de información sobre calidad de aire y agua en zonas minero-metalúrgicas, y un plan de reubicación voluntaria para los habitantes de La Oroya (Corte IDH, 2023, puntos resolutivos 13-22).
Nota: este caso constituye el precedente interamericano más directamente aplicable a litigios de contaminación minero-metalúrgica en curso en Perú (p. ej. Yanacocha), tanto por el estándar probatorio aceptado (acumulación de estudios técnicos a lo largo de décadas) como por el reconocimiento expreso de responsabilidad estatal por omisión regulatoria y por medidas regresivas en estándares de calidad ambiental.
No hay comentarios:
Publicar un comentario